Anuncian apertura de juicio contra propietario empresa de seguridad

imagenEl Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso apertura de juicio contra el propietario de la empresa Security Protection Center, S.R.L. (SEPCTER), Nelson Rafael Fermín Ovalles, quien está  acusado de porte y uso ilegal de armas de fuego en esta empresa, la cual ofrecía servicios de seguridad a embajadas, centros comerciales, residencias y otros establecimientos.


La medida fue adoptada por la jueza Solange Vásquez, acogiendo un pedido del Ministerio Público en contra de Fermín Ovalles por los delitos de «tenencia, porte y uso ilegal de armas de fuego de uso civil o partes de estas, tráfico ilícito de armas, falsificación y alteración de las características técnicas de armas de fuego así como por tenencia y utilización de armas de uso exclusivo del Ministerio de Defensa».

Este caso ha cobrado notoriedad debido a que Fermín Ovalle es un exmilitar, abogado, contador y actual empresario, s, quien fue expresidente del Consejo Nacional de Empresas de Seguridad (CONADES) en el período  2015-2018 y ha afirmado públicamente que las acusaciones en su contra han sido hechas tras negarse a negar un soborno de 16 mil dólares que le exigió un funcionario de  la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

De acuerdo a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas y la Fiscalía del Distrito Nacional Fermín Ovalles violó varios artículos de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio del Estado dominicano y también cometió «delitos de acopio o almacenamiento de armas de fuego y delito de legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego y municiones».

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público recordó que «dicha compañía de seguridad fue allanada el 28 de junio del pasado año por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas mediante la Orden Judicial No. 0058-Junio-2018, ocupándole en el transcurso de la operación la cantidad de 106 armas de fuego ilegales»

Explicó el órgano acusador que entre esas 106 armas, se encuentran 96 pistolas, 48 escopetas y 8 revólveres, algunas retroqueladas, duplicadas, de particulares (reportadas como robadas) y otras sin registro en el Ministerio de Interior y Policía, así como dos vehículos.

En el expediente instrumentado por el Ministerio Público se hizo constar que, parte de las armas figuran en la base de datos de Interior y Policía consignadas a otra empresa de seguridad privada, además de que hay varias duplicadas, con la misma numeración en su serie.  «También, según el peritaje expedido por la Policía Científica, en el resto de las armas no se pudieron recuperar sus numeraciones originales por el alto grado de limadura en sus características originales», indica la información difundida por el Ministerio Público.

En torno al proceso judicial, la institución del sistema de justicia destacó los esfuerzos que se realizan para llevar este caso hasta las últimas consecuencias y procurar justicia.

La defensa de la empresa

Respecto a las acusaciones en su contra, la empresa Security Protection Center, S.R.L. (SEPCTER), ha sostenido que forman parte de una  actuación irregular por parte de funcionarios judiciales y uniformados.

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